El ambiente en el sector aeronáutico que conecta a Europa con América Latina se mantiene en un estado de elevada tensión, exacerbado por la falta de comunicaciones claras y la ambigüedad regulatoria. En el ojo del huracán se encuentran las aerolíneas españolas que operan la ruta a Venezuela, cuya licencia ha sido objeto de rumores y reportes de revocación por parte de la autoridad venezolana. La noticia de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) habría procedido a retirar los permisos de operación a varias compañías internacionales ha circulado con vehemencia, pero la respuesta de las empresas ibéricas revela un panorama de incertidumbre: no tienen constancia oficial de tal medida. Esta discrepancia entre el anuncio público del régimen y la notificación formal a las compañías genera un vacío de información que perjudica directamente a miles de pasajeros y eleva el riesgo operacional.
La conexión aérea entre Madrid y Caracas es, por derecho propio, una de las arterias más sensibles y vitales para la dinámica social y económica de Venezuela, actuando como un puente fundamental para la diáspora. Aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra han sido los pilares de este tráfico, manteniendo una frecuencia que, aunque disminuida en comparación con años anteriores, resulta esencial. Los reportes iniciales indicaban que Iberia figuraba entre las aerolíneas a las que se les había revocado la licencia, junto a otras de gran calado como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca y Turkish Airlines. Sin embargo, la ausencia de una notificación formal y directa a las empresas españolas introduce una variable de desorden que complica la gestión de crisis y la planificación futura.
EL FRENTE DE LA INCERTIDUMBRE Y LA CONEXIÓN ESTRATÉGICA
La situación actual es la culminación de una serie de eventos que han mermado la confianza en la ruta. Las aerolíneas españolas cancelaron sus operaciones tras recibir avisos de la Agencia de Seguridad Aérea española (AESA) para evitar volar sobre el espacio aéreo venezolano, siguiendo las recomendaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Estos avisos se basan en criterios de seguridad operacional y soberanía aérea. La respuesta del INAC a estas cancelaciones, percibidas como un desacato o una deslealtad comercial, ha sido la supuesta revocación masiva de licencias. La falta de constancia oficial de la retirada de la licencia por parte de las operadoras, no obstante, crea un limbo legal y operativo.
Este tipo de ambigüedad regulatoria tiene consecuencias tangibles. Se estima que las cancelaciones de vuelos impactan a aproximadamente 15.000 pasajeros semanales, cifra que se vuelve crítica en un periodo de alta demanda como la cercanía de las festividades navideñas. Para muchos, estos vuelos representan la única oportunidad de reencuentro familiar tras meses o años de separación. La incertidumbre legal y la posibilidad real de que la licencia sea retirada de forma súbita obligan a las empresas a operar bajo un manto de precaución extrema, priorizando la seguridad jurídica y operativa de sus aeronaves y tripulaciones.
La diferencia en la situación de las tres aerolíneas españolas es también un punto clave en el análisis. Si bien se reportó la revocación para Iberia, Air Europa y Plus Ultra no figuraban explícitamente en la comunicación del régimen. Sin embargo, todas cesaron operaciones tras la advertencia de AESA. Esta acción conjunta de cese, motivada por una alerta de seguridad, parece haber sido interpretada por el ente regulador venezolano como un incumplimiento contractual, detonando la respuesta de la revocación. Es fundamental que el INAC aclare públicamente la situación de cada empresa para permitirles, o bien defender su posición legal, o iniciar los procedimientos de cierre de operaciones con la debida responsabilidad hacia los pasajeros afectados.
UN PROCESO ADMINISTRATIVO BAJO ESCALA DE CRISIS
La retirada de una licencia de operación aérea no es un proceso trivial; requiere de una notificación formal, un periodo de alegaciones y, en muchos casos, la intervención de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo que rigen las relaciones entre los países. La presunta revocación de la licencia a Iberia, sin una notificación fehaciente, plantea serias dudas sobre la rigurosidad de los procedimientos administrativos ejecutados por el INAC. Las aerolíneas tienen derecho a la defensa y a conocer con precisión los motivos que sustentan una medida tan drástica.
La licencia se enmarca dentro de un convenio bilateral que busca garantizar la reciprocidad y la igualdad de condiciones para las aerolíneas de ambos países. Al revocar unilateralmente las licencias, el INAC podría estar poniendo en riesgo la aplicación de esos acuerdos, afectando incluso a la aerolínea venezolana Conviasa, que también tiene licencia para operar en el espacio aéreo español, aunque no la esté utilizando con regularidad en el momento actual. La reciprocidad es la base de las relaciones aéreas internacionales.
La evolución de esta controversia marcará la pauta para el resto de aerolíneas internacionales con interés en el mercado venezolano. La clave está en la formalidad y el respeto a los procedimientos legales que rigen el sector, evitando que las decisiones cruciales se manejen a través de rumores o declaraciones no oficiales. La estabilidad de la ruta aérea España-Venezuela es demasiado importante para dejarla a merced de la ambigüedad administrativa.
* Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial para producir texto similar al humano, y corregido por un periodista especializado de RDN Digital.
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