El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha emitido una contundente declaración, informando sobre la condena a quince años de prisión impuesta al estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado. Esta sentencia, dictada en la tarde del lunes 18 de diciembre de 2023 en el Palacio de Justicia de Caracas, se basa en presuntos delitos relacionados con publicaciones que el joven realizó en sus redes sociales. La noticia ha generado una profunda preocupación en diversos sectores de la sociedad venezolana, especialmente entre las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, quienes consideran este veredicto como un preocupante precedente para la criminalización de la disidencia en el país. Según la información proporcionada por el SNTP, a Juan Francisco Alvarado se le imputaron los cargos de «terrorismo» y «asociación para delinquir». Estos señalamientos, a juicio de la organización gremial, carecen de fundamento sólido y forman parte de lo que han calificado como un «montaje judicial» diseñado para silenciar las voces críticas. La gravedad de la pena, quince años de reclusión, para un joven cuyo «delito» principal parece haber sido la expresión de opiniones a través de plataformas digitales, resalta la tensión existente en Venezuela respecto al ejercicio de la libertad de información y de pensamiento, pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática y plural.
LA DETENCIÓN Y EL PROCESO JUDICIAL CONTRA JUAN FRANCISCO ALVARADO
El proceso que culminó con esta severa condena se inició el 16 de noviembre de 2021, cuando Juan Francisco Alvarado fue detenido. Tres días después de su aprehensión, el 19 de noviembre de 2021, se le presentaron formalmente los cargos antes mencionados. Desde el principio, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Foro Penal, COFAVIC y Provea, así como la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), institución donde Alvarado cursaba sus estudios, han seguido de cerca su caso, denunciando lo que consideran graves irregularidades en el debido proceso y la violación de garantías fundamentales. La detención de Alvarado y la subsiguiente imputación se vinculan, según las autoridades, con la supuesta planificación de acciones específicas en contra de la actual administración del país. La denuncia que dio origen a la investigación provino del ciudadano Alfredo Chirinos, quien se identificó como miembro de «Vanguardia Bolivariana». En su señalamiento, Chirinos habría presentado como pruebas las interacciones y publicaciones de Alvarado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, argumentando que estas constituían un plan subversivo que justificaba las graves acusaciones de terrorismo.
IMPLICACIONES DE LA CONDENA EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA
La condena impuesta a Juan Francisco Alvarado no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de restricciones y limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela. El SNTP ha sido enfático en señalar que este caso representa una escalada en la criminalización de la disidencia, especialmente dirigida hacia aquellos que utilizan los medios digitales para manifestar sus puntos de vista o denunciar situaciones que consideran problemáticas. La pena de quince años, equiparable a la impuesta por delitos de alta envergadura, envía un mensaje desalentador a los jóvenes, estudiantes y comunicadores del país. Diversas organizaciones de derechos humanos han reiterado su llamado a la liberación inmediata de Alvarado, al igual que la de otros periodistas y comunicadores que se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a informar y opinar. El Foro Penal, por ejemplo, ha calificado la sentencia como un acto de injusticia que profundiza la preocupación por el respeto de los derechos fundamentales en el país, insistiendo en que la justicia debe ser imparcial y no un instrumento para reprimir la libertad de pensamiento y prensa, tal como lo ha manifestado en múltiples ocasiones.
PRECEDENTES Y EL CONTEXTO DE COMUNICADORES DETENIDOS
El caso de Juan Francisco Alvarado se suma a una lista preocupante de profesionales de la comunicación y activistas que han sido detenidos y procesados judicialmente en Venezuela en los últimos años. El SNTP, en su comunicado, recordó el caso del periodista Roland Carreño, quien fue condenado a ocho años de prisión por delitos similares, en lo que también fue ampliamente denunciado como un proceso con graves falencias y motivaciones políticas. Estos casos, según la organización, ilustran un patrón de persecución que busca amedrentar a quienes ejercen el periodismo y la libertad de opinión. Además de Carreño, el SNTP ha mencionado otros nombres que resuenan en el ámbito de la defensa de la prensa, como Darvinson Rojas, Jesús Medina Ezaine y Luis Carlos Díaz, quienes también han enfrentado procesos judiciales o han sido víctimas de acoso y detenciones arbitrarias por su labor informativa. La recurrencia de estas situaciones pone en evidencia la fragilidad del ecosistema mediático en Venezuela y el desafío constante que enfrentan los comunicadores para llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, una situación que impacta directamente la capacidad de los ciudadanos para acceder a información plural.
EL ROL DE LAS REDES SOCIALES Y LA RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Las redes sociales se han convertido en un espacio crucial para la expresión ciudadana en Venezuela, especialmente ante las restricciones que enfrentan los medios tradicionales. Sin embargo, este caso subraya el riesgo que implica utilizar estas plataformas para la crítica o la difusión de opiniones que puedan ser consideradas incómodas por el gobierno. La condena a Juan Francisco Alvarado, un estudiante de Comunicación Social, es particularmente simbólica, ya que toca directamente a las futuras generaciones de periodistas y comunicadores que se forman con la expectativa de contribuir a una sociedad informada y abierta al debate. La situación actual exige una profunda reflexión sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en el manejo de la información en el entorno digital. Si bien es fundamental garantizar el derecho a opinar, también es crucial fomentar un uso ético y responsable de las plataformas, donde la información sea verificada y el diálogo constructivo prevalezca. No obstante, la gravedad de la pena en el caso Alvarado genera un ambiente de autocensura y temor, donde el miedo a las represalias judiciales puede llevar a muchos a silenciar sus voces antes de siquiera intentar expresarse, lo cual va en detrimento de la salud democrática.
UN LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Organizaciones como el SNTP y el Foro Penal han extendido sus llamados a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que presten especial atención a la situación en Venezuela y, en particular, al caso de Juan Francisco Alvarado. La intervención y el monitoreo internacional son considerados esenciales para visibilizar estas situaciones y ejercer presión para que se respeten los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el debido proceso judicial. La transparencia y la rendición de cuentas son vitales para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que la justicia sea verdaderamente independiente. La lucha por la libertad de expresión y el derecho a disentir pacíficamente continúa siendo una prioridad para la sociedad civil venezolana. El caso de Juan Francisco Alvarado se ha convertido en un símbolo de esta lucha, y su desenlace tendrá implicaciones significativas para el futuro del periodismo y la libertad académica en el país. En RDN Digital, seguiremos informando sobre este y otros casos relevantes para mantener a nuestros lectores al tanto de los acontecimientos que marcan la pauta nacional. Les invitamos a seguir leyendo nuestro contenido para más análisis y noticias de interés.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es Juan Francisco Alvarado y por qué fue condenado?
Juan Francisco Alvarado es un estudiante de Comunicación Social de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) que fue condenado a quince años de prisión por los delitos de «terrorismo» y «asociación para delinquir», debido a publicaciones que realizó en sus redes sociales.
¿Qué organizaciones han denunciado esta condena?
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Foro Penal, COFAVIC, Provea y la Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA han denunciado la condena de Juan Francisco Alvarado, calificándola de «montaje judicial» y criminalización de la disidencia.
¿Qué implicaciones tiene esta sentencia para la libertad de expresión en Venezuela?
La sentencia de Juan Francisco Alvarado se considera una escalada en la criminalización de la disidencia y la libertad de expresión en Venezuela, generando preocupación sobre el uso de las redes sociales para manifestar opiniones y estableciendo un precedente desalentador para estudiantes y comunicadores.
* Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial para producir texto similar al humano, y corregido por un periodista especializado de RDN Digital.
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