La organización no gubernamental Espacio Público ha alzado su voz con firmeza, exigiendo la inmediata **liberación de presos políticos** Carlos Marcano, Víctor Ugas y Ángel Godoy, quienes permanecen detenidos en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta. Esta demanda subraya una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el debido proceso en el país, resaltando la importancia de la justicia para todos los ciudadanos. Carlos Marcano fue detenido el 27 de abril de 2022, tras una denuncia proveniente del sindicato de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las acusaciones que recaen sobre él son «incitación al odio» y «terrorismo», señalamientos de grave envergadura que ponen en tela de juicio la garantía de sus derechos fundamentales, así como la transparencia de los procesos judiciales que lo involucran, según lo señalado por Espacio Público. Por su parte, Víctor Ugas fue aprehendido un día después, el 28 de abril de 2022, luego de haber compartido un video en redes sociales que denunciaba presuntos actos de corrupción dentro de la empresa estatal PDVSA. A Ugas se le imputan los delitos de «terrorismo» y «asociación para delinquir», reflejando un patrón de cargos serios vinculados a expresiones críticas que circulan en el espacio digital y público.
PREOCUPACIÓN POR DETENCIONES ARBITRARIAS
Ángel Godoy, el tercer caso destacado por Espacio Público, fue detenido el 10 de mayo de 2022 en el estado Aragua. Las acusaciones en su contra también incluyen los delitos de «terrorismo» y «asociación para delinquir», alineándose con el tipo de cargos presentados contra Marcano y Ugas. Los tres comparten el mismo centro de detención, la DGCIM de Boleíta, evidenciando una situación común. Las detenciones de Marcano, Ugas y Godoy se enmarcan dentro de un contexto más amplio relacionado con supuestos planes para desestabilizar la industria petrolera del país. Sin embargo, Espacio Público ha manifestado su preocupación porque estas acciones son percibidas como arbitrarias y carentes del debido proceso legal, levantando alertas sobre el respeto a las libertades individuales consagradas en la Constitución. La organización ha enfatizado que estas aprehensiones vulneran el derecho a la libertad personal, el debido proceso y, de manera particular, la libertad de expresión, que es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. La ausencia de garantías judiciales adecuadas agrava la situación, generando un clima de incertidumbre y temor entre quienes ejercen su derecho a la opinión y la crítica constructiva.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RIESGO
Espacio Público subraya que la libertad de expresión es un derecho humano inalienable que permite a los ciudadanos manifestar sus ideas, opiniones e informaciones sin censura previa. Cuando se detiene a individuos por difundir información o expresar críticas, incluso si estas son sobre temas sensibles como la corrupción, se está socavando la base misma de una sociedad abierta y plural, limitando el debate público. La organización ha documentado un preocupante aumento en los casos de detenciones por razones políticas. Específicamente, entre enero y mayo de 2022, Espacio Público registró al menos 15 casos de personas detenidas por motivos relacionados con su activismo o sus expresiones críticas. Esta estadística es un indicador claro de una tendencia que merece atención y rechazo por parte de la comunidad internacional. Frente a esta situación, Espacio Público ha exhortado a las autoridades del Ministerio Público y al sistema judicial venezolano a actuar con total apego a la Constitución y a las leyes. El llamado es a garantizar el debido proceso para estos ciudadanos y, de no existir pruebas contundentes y legalmente obtenidas, proceder a la **liberación de presos políticos** detenidos bajo estas circunstancias dudosas.
GARANTÍAS PARA EL DEBIDO PROCESO
Las detenciones de Carlos Marcano, Víctor Ugas y Ángel Godoy, entre otros, son interpretadas por Espacio Público como una forma de censura y de intimidación. Estas prácticas buscan silenciar las voces disidentes y restringir el escrutinio público sobre la administración de los asuntos gubernamentales. Tales acciones contravienen los principios básicos de un estado de derecho, donde la transparencia debe prevalecer. La situación actual en Venezuela, tal como la describe Espacio Público, plantea serias interrogantes sobre el compromiso del gobierno con los derechos humanos y las libertades civiles. La persistencia de casos de detenciones arbitrarias y la falta de garantías procesales adecuadas erosionan la confianza en las instituciones y la capacidad de los ciudadanos para participar libremente en la vida pública sin temor a represalias. Es fundamental que los organismos encargados de la justicia actúen con independencia y objetividad, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, sin importar sus opiniones o posturas políticas. La garantía de un debido proceso es un derecho universal y su vulneración tiene consecuencias profundas en la vida de las personas y en la percepción de la justicia dentro de la sociedad, creando un precedente negativo.
EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD CIVIL
La labor de organizaciones como Espacio Público es crucial en este contexto, ya que actúan como observadores y defensores de los derechos que deberían ser inalienables. Su persistente demanda por la **liberación de presos políticos** no es solo un reclamo por individuos específicos, sino un llamado a la protección de los principios democráticos que sustentan la coexistencia pacífica y el desarrollo social. El impacto de estas detenciones va más allá de los individuos directamente afectados; genera un efecto amedrentador en la sociedad en general, disuadiendo a otros de expresar sus opiniones o de denunciar irregularidades. Esto conlleva a un debilitamiento del tejido social y a una reducción del espacio cívico necesario para una democracia saludable, donde la crítica es un motor de mejora continua para las instituciones. Es vital que la administración actual de Venezuela demuestre un compromiso real con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, escuchando las demandas de la sociedad civil. La **liberación de presos políticos** es un paso esencial para restaurar la confianza y demostrar la voluntad de adherirse a los estándares internacionales de justicia y derechos humanos, tan valorados por la comunidad internacional.
LLAMADO INTERNACIONAL Y JUSTICIA
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos también tienen un papel importante en la observación y el seguimiento de estos casos. La visibilidad de estas denuncias puede ejercer una presión necesaria para que se corrijan las irregularidades y se garantice el respeto a los derechos de los ciudadanos. La vigilancia constante es clave para evitar que tales situaciones caigan en el olvido y se perpetúen impunemente. Espacio Público continuará documentando y denunciando estas situaciones, manteniendo viva la llama de la defensa de los derechos. Su insistencia en la **liberación de presos políticos** como Carlos Marcano, Víctor Ugas y Ángel Godoy, y de todos aquellos que se encuentran en circunstancias similares, es un recordatorio constante de que la justicia y la libertad son irrenunciables para cualquier nación que se precie de democrática. En resumen, la demanda de Espacio Público por la liberación de Marcano, Ugas y Godoy es una llamada urgente a la acción por parte de las autoridades judiciales y gubernamentales de Venezuela. La garantía del debido proceso, el respeto a la libertad de expresión y la liberación de quienes han sido detenidos arbitrariamente son esenciales para la consolidación de un sistema justo. Esperamos que este llamado sea escuchado.
Desde RDN Digital, invitamos a nuestros lectores a seguir explorando nuestro contenido para mantenerse informados sobre este y otros temas de relevancia nacional e internacional.PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quiénes son Carlos Marcano, Víctor Ugas y Ángel Godoy?
Son ciudadanos venezolanos cuya liberación es demandada por Espacio Público, una organización de derechos humanos. Fueron detenidos en abril y mayo de 2022 y se encuentran en la DGCIM Boleíta, acusados de delitos como «terrorismo» e «incitación al odio», relacionados con supuestos planes de desestabilizar la industria petrolera, según lo denunciado por la ONG.
¿Qué organización exige su liberación y por qué?
La organización Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, exige su liberación. Argumentan que estas detenciones son arbitrarias, carecen del debido proceso y representan una violación a la libertad de expresión y el derecho a la información, buscando silenciar voces críticas y generar un clima de temor en la sociedad.
¿Cuál es el impacto de estas detenciones según Espacio Público?
Espacio Público señala que estas detenciones tienen un impacto negativo en la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela. Las consideran una forma de censura e intimidación que busca restringir el debate público y el escrutinio de la gestión gubernamental, afectando el estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, con consecuencias para la democracia.
* Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial para producir texto similar al humano, y corregido por un periodista especializado de RDN Digital.
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