Jorge Rodríguez Pide al TSJ Opinión Clave sobre la Licencia Petrolera EE.UU. en Venezuela8 min read
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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que emita una opinión jurídica exhaustiva sobre la General License 44 (Licencia General 44) emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esta crucial solicitud busca determinar si la mencionada *licencia petrolera EE.UU.* infringe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los acuerdos alcanzados en Barbados. La preocupación principal de Rodríguez radica en la posible afectación a la soberanía y los intereses nacionales ante el inminente vencimiento de esta autorización el próximo 18 de abril. Rodríguez, durante sus declaraciones a los medios de comunicación desde el Palacio Federal Legislativo, enfatizó la necesidad de proteger los activos del país y la potestad del Estado venezolano sobre sus recursos naturales. Subrayó que la administración del presidente Joe Biden tiene la potestad de decidir sobre la renovación o no de esta licencia, la cual ha permitido transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los últimos seis meses. La situación genera una considerable incertidumbre en el panorama económico y político de Venezuela, especialmente en lo que respecta a su industria energética. La decisión de la OFAC de emitir la General License 44 en octubre de 2023 se dio en el contexto de un diálogo entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria Democrática, facilitado en Barbados. Dicha licencia levantó temporalmente las sanciones sobre el sector de petróleo y gas venezolano, pero su continuidad se vinculó a la evolución de los procesos electorales en Venezuela, específicamente en relación con la habilitación de candidatos y la observación internacional. Esta interconexión entre las medidas económicas y los asuntos políticos ha sido un punto recurrente en la diplomacia entre ambos países.
LA INTERPRETACIÓN DE RODRÍGUEZ SOBRE LA LICENCIA
Jorge Rodríguez ha sido contundente al calificar la General License 44 como una «licencia para saquear» a Venezuela. Según su interpretación, la licencia autoriza a terceros a comercializar el crudo venezolano sin la participación directa y beneficiosa para el Estado, lo que él considera una violación flagrante de la soberanía. Argumenta que esta medida, lejos de ser un gesto de buena voluntad, es un instrumento «extractivo, neo-colonial, ilegal, unilateral y coercitivo» que menoscaba la capacidad del gobierno venezolano para gestionar sus propios recursos y obtener el máximo beneficio para la nación.
Las críticas de Rodríguez no son nuevas y se extienden a otras medidas restrictivas implementadas por EE.UU. contra Venezuela. Ha reiterado en diversas ocasiones que estas sanciones han causado un daño significativo a la economía venezolana y a la calidad de vida de sus ciudadanos, al limitar el acceso a mercados financieros y tecnológicos. La solicitud al TSJ busca obtener un pronunciamiento oficial que respalde la postura del gobierno en defensa de los intereses nacionales frente a lo que considera una política injerencista. Para el presidente de la AN, la General License 44 no solo es cuestionable desde una perspectiva económica, sino que también plantea serias dudas sobre su legalidad constitucional. Rodríguez ha hecho un llamado a los poderes públicos a actuar en defensa de la patria y ha insistido en que cualquier acuerdo internacional o medida externa debe estar en consonancia con la Constitución venezolana, especialmente con el Artículo 187, numeral 9, que rige la aprobación de tratados internacionales. Esta invocación constitucional es el pilar de su petición al máximo tribunal del país.ANTECEDENTES Y ACUERDOS DE BARBADOS
Es importante recordar que la General License 44 no es la primera medida de este tipo. Previamente, la General License 43 había sido otorgada a la compañía Chevron, permitiéndole operar en Venezuela bajo ciertas condiciones, como la prohibición de pagar impuestos y regalías al gobierno venezolano. Este antecedente refuerza la percepción de Rodríguez de que estas licencias no están diseñadas para beneficiar equitativamente al país sudamericano, sino para favorecer intereses externos. La historia de las relaciones petroleras y las sanciones ha sido un complejo entramado de decisiones políticas y económicas. Los acuerdos de Barbados, firmados en octubre de 2023, representaron un intento de desescalar las tensiones y sentar las bases para un proceso electoral transparente y justo en Venezuela. En estos acuerdos, se establecieron compromisos en materia de garantías electorales y observación internacional. La administración estadounidense vinculó directamente el alivio de sanciones, incluida la General License 44, al cumplimiento de estos compromisos por parte del gobierno venezolano. Esta condicionalidad ha sido un factor clave en la dinámica reciente.
La inminente fecha de vencimiento de la *licencia petrolera EE.UU.* ha reactivado el debate sobre la legitimidad de las sanciones y la forma en que estas impactan la soberanía nacional. La decisión del TSJ, al pronunciarse sobre la solicitud de Jorge Rodríguez, tendrá un peso significativo en la narrativa oficial sobre las relaciones internacionales de Venezuela y en la defensa de sus recursos naturales. La incertidumbre sobre la renovación de la licencia mantiene en vilo al sector petrolero y a la economía en general.LA DEFENSA DE LOS ACTIVOS Y LA SOBERANÍA NACIONAL
La postura de Jorge Rodríguez se alinea con una política constante de la administración venezolana de denunciar las sanciones como ilegales y violatorias del derecho internacional. El argumento central es que estas medidas buscan presionar al gobierno y afectar la economía nacional, con consecuencias directas sobre la población. La solicitud al TSJ es una herramienta legal para reafirmar la posición de Venezuela y buscar un blindaje constitucional ante lo que se perciben como injerencias extranjeras. La protección de los activos venezolanos en el exterior ha sido otro punto de fricción. El gobierno ha reiterado su rechazo a la apropiación o gestión de empresas y recursos venezolanos por parte de entidades o gobiernos extranjeros, haciendo hincapié en que cualquier decisión sobre el patrimonio nacional debe emanar de las instituciones legítimas del país. La *licencia petrolera EE.UU.* se inserta en este contexto más amplio de defensa de los bienes y la soberanía de Venezuela. La comunidad internacional y los actores económicos siguen de cerca el desarrollo de esta situación. La posible no renovación de la General License 44 podría tener repercusiones importantes para el suministro global de petróleo y para la capacidad de Venezuela de reinsertarse plenamente en el mercado energético. Por otro lado, la opinión del TSJ podría sentar un precedente importante en la forma en que Venezuela aborda las medidas coercitivas unilaterales. El futuro de la relación petrolera entre EE.UU. y Venezuela pende de un hilo, y la decisión del 18 de abril será determinante.
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¿Por qué Jorge Rodríguez solicitó una opinión al TSJ sobre la Licencia General 44?
Jorge Rodríguez solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una opinión para determinar si la Licencia General 44 de EE.UU., que permite el comercio de crudo venezolano, viola la Constitución de Venezuela y los acuerdos de Barbados, con el fin de defender la soberanía y los intereses nacionales.
¿Cuál es la fecha de vencimiento de la Licencia General 44 y qué implicaciones tiene?
La Licencia General 44 vence el 18 de abril. Su no renovación podría implicar el restablecimiento de las sanciones sobre el sector de petróleo y gas venezolano, afectando las transacciones con PDVSA y generando incertidumbre en la economía del país.
¿Cómo califica Jorge Rodríguez la Licencia General 44 y por qué?
Jorge Rodríguez califica la Licencia General 44 como una «licencia para saquear» a Venezuela. Argumenta que es una medida «extractiva, neo-colonial, ilegal, unilateral y coercitiva» que permite a terceros comercializar crudo venezolano sin beneficiar directamente al Estado, violando la soberanía nacional.
* Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial para producir texto similar al humano, y corregido por un periodista especializado de RDN Digital.
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Acerca del autor
Francisco Muñoz 
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