ONG Aclaran: Propuesta de Amnistía a Presos Políticos en Venezuela Es Reconocimiento de Inocencia12 min read

En el panorama político y social de Venezuela, la discusión sobre la situación de los ciudadanos detenidos por motivos políticos ha generado un debate significativo. Recientemente, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país han emergido para clarificar un punto crucial respecto a la propuesta de **amnistía presos políticos**. Estas entidades, con un profundo conocimiento de la realidad judicial venezolana, insisten en que dicha amnistía no debe interpretarse como un perdón, sino como un reconocimiento explícito de la inocencia de estas personas, quienes, según sus registros, han sido víctimas de detenciones arbitrarias y procesos judiciales irregulares. Organizaciones como el Foro Penal, COFAVIC y Acceso a la Justicia han sido categóricas en señalar que calificar la amnistía como un «perdón» implica asumir una culpabilidad que, en su opinión, no existe. Para estas organizaciones, los individuos a los que se refiere esta medida son, en esencia, víctimas de un sistema judicial que ha sido utilizado de manera selectiva, vulnerando sus derechos fundamentales y el debido proceso. Esta distinción es vital para comprender la naturaleza de la propuesta y su impacto real en la búsqueda de justicia y la restauración del estado de derecho en Venezuela. La amnistía, en este contexto, busca corregir errores judiciales y revertir situaciones de privación de libertad que carecen de un sustento legal legítimo, según los estándares internacionales de derechos humanos. No se trata de un acto de magnanimidad del gobierno, sino de una obligación moral y legal para reparar el daño causado a quienes han sido injustamente encarcelados. La claridad conceptual que aportan estas ONG es fundamental para despolitizar el término y centrarse en la reivindicación de los derechos de los afectados.

EL CONCEPTO DE AMNISTÍA Y PERDÓN

Para entender la postura de las ONG, es imprescindible diferenciar legalmente entre amnistía y perdón. La amnistía, en su esencia jurídica, es un acto legislativo que tiene el poder de extinguir la acción penal o la pena impuesta por determinados delitos, y su efecto principal es el de borrar el delito del registro legal como si nunca hubiera ocurrido. Esto significa que la persona amnistiada es considerada inocente ante la ley, reconociendo implícitamente que no existió el delito o que la condena fue producto de una injusticia procesal. La amnistía, por lo tanto, busca restaurar la reputación y los derechos de los individuos, sin que quede rastro de culpabilidad. Por otro lado, el perdón, o indulto, es una prerrogativa generalmente concedida por el poder ejecutivo que reduce o conmuta una pena, pero no elimina la culpabilidad del condenado. Es un acto de gracia que presupone la existencia de un delito y una condena válida, aunque por razones humanitarias o de otra índole, se decide aliviar la carga de la pena. En el caso de los ciudadanos considerados presos políticos en Venezuela, las ONG argumentan que no han cometido delitos que justifiquen su detención, y por tanto, no necesitan ser perdonados. Su encarcelamiento es visto como resultado de motivaciones políticas. Esta distinción es crucial porque al proponer una ley de **amnistía presos políticos**, la Plataforma Unitaria Democrática, y las organizaciones que la apoyan, están pidiendo que se reconozca que estas personas nunca debieron ser procesadas ni privadas de libertad. Están exigiendo la corrección de fallas sistémicas que han llevado a la criminalización de la disidencia y la restricción de libertades fundamentales. No se trata de un gesto de clemencia, sino de un acto de justicia que busca restablecer la legalidad y el respeto por los derechos humanos en el país.

LA PROPUESTA DE LA PLATAFORMA UNITARIA DEMOCRÁTICA

La propuesta de una Ley de Amnistía General ha sido un punto recurrente en la agenda de la Plataforma Unitaria Democrática y de diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Este planteamiento surge de la convicción de que existe un número considerable de ciudadanos cuya libertad ha sido restringida de forma arbitraria, con acusaciones que, en muchos casos, son desproporcionadas o carecen de fundamento jurídico sólido. La iniciativa legislativa busca abarcar a todas aquellas personas que han sido privadas de libertad o inhabilitadas por razones políticas, con el objetivo de devolverles su plena condición de ciudadanos con todos sus derechos. El propósito central de esta propuesta no se limita únicamente a la liberación de los detenidos. Va mucho más allá, aspirando a abordar las profundas heridas que estas detenciones han causado en la sociedad venezolana. Se busca sentar un precedente que garantice la no repetición de este tipo de situaciones, promoviendo un ambiente donde la libertad de expresión y la participación política no sean motivos de persecución. La Plataforma Unitaria Democrática entiende que una amnistía de esta magnitud es un paso indispensable para fomentar la reconciliación y reconstruir la confianza en las instituciones del Estado. Además, la propuesta contempla la restitución de los derechos civiles y políticos a aquellos que han sido inhabilitados o a quienes se les han impuesto restricciones de diversa índole. Esto incluye la posibilidad de reincorporarse a la vida pública y participar activamente en los procesos democráticos del país, sin temor a represalias. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que esta medida es un reconocimiento de que estas personas son «víctimas del sistema de justicia venezolano», un concepto que engloba no solo a los directamente afectados, sino también a sus familias y a la sociedad en general.

LAS VÍCTIMAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA VENEZOLANO

La categoría de «víctimas del sistema de justicia venezolano» es una construcción conceptual que las ONG utilizan para destacar el alcance de las afectaciones. No se refiere exclusivamente a aquellos que están físicamente privados de libertad, sino también a todos aquellos que han sufrido persecución, exilio forzado, inhabilitaciones políticas o la confiscación de bienes, todo ello en un contexto de uso desproporcionado o arbitrario del poder judicial. Estas víctimas, según las organizaciones, han sido objeto de un aparato de justicia que, en lugar de garantizar derechos, ha servido para silenciar y castigar la disidencia. El impacto de estas detenciones y persecuciones va más allá de lo individual, generando un profundo efecto en el tejido social del país. Familias enteras se han visto desestructuradas, proyectos de vida han sido truncados y un clima de temor ha permeado en la sociedad. La inseguridad jurídica y la percepción de que la justicia no es imparcial minan la confianza en las instituciones y dificultan la convivencia pacífica. Por ello, la necesidad de una **amnistía presos políticos** es vista no solo como un acto de reparación individual, sino como un paso fundamental para sanar a la sociedad.

Las ONG argumentan que la reparación a estas víctimas debe ser integral y no limitarse únicamente a la liberación. Debe incluir medidas de rehabilitación, compensación por los daños sufridos, restitución de bienes y, crucialmente, garantías de no repetición. Esto implica reformas profundas en el sistema judicial para asegurar su independencia y la observancia del debido proceso, así como la rendición de cuentas por las violaciones cometidas. Solo así se podrá aspirar a una verdadera reconciliación y a la construcción de un estado de derecho robusto y fiable para todos los ciudadanos.

UN LLAMADO A LA RESTAURACIÓN DE DERECHOS

La discusión sobre la amnistía para los presos políticos en Venezuela trasciende el ámbito meramente legal; se posiciona como un llamado ineludible a la restauración de los derechos fundamentales y la dignidad humana. Este proceso no es un favor ni una concesión, sino una exigencia de justicia en un país donde la garantía de los derechos civiles y políticos es esencial para la estabilidad y el progreso. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos subrayan que la implementación de una ley de amnistía es un paso crucial hacia el restablecimiento del orden constitucional y la legitimidad de las instituciones estatales. Al considerar la situación de los ciudadanos injustamente detenidos, es fundamental reconocer que la privación de libertad por motivos políticos no solo viola principios legales internos, sino también normativas internacionales que Venezuela ha suscrito. Instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen marcos claros sobre el debido proceso, la libertad de opinión y la prohibición de detenciones arbitrarias. La amnistía, en este sentido, se presenta como una vía para alinear las prácticas judiciales del país con sus compromisos internacionales y con los estándares globales de respeto a la persona. La importancia de una acción legislativa contundente radica en su capacidad para revalidar el imperio de la ley y enviar un mensaje inequívoco sobre la primacía de los derechos sobre cualquier interés político. Es un mecanismo para corregir las distorsiones que se han generado en el sistema de justicia y para reconstruir la confianza de la ciudadanía en un poder judicial que debe ser imparcial y garante de libertades. Una ley de **amnistía presos políticos** no solo libera a personas, sino que también libera al sistema legal de la carga de la injusticia y la percepción de parcialidad.

PERSPECTIVAS FUTURAS Y JUSTICIA PLENA

Mirando hacia el futuro, la resolución de la situación de los presos políticos mediante una amnistía justa y transparente es un factor determinante para cualquier esfuerzo de diálogo y normalización en Venezuela. La persistencia de detenciones consideradas arbitrarias es un obstáculo significativo para la reconciliación nacional y para la consolidación de un entorno democrático genuino. Las ONG insisten en que sin una solución efectiva y sin el reconocimiento de la inocencia de estas personas, cualquier intento de superar la polarización estará incompleto y será propenso a nuevas fracturas. La comprensión correcta de términos como amnistía versus perdón es vital no solo para el debate político, sino para la educación cívica de la población. Es esencial que la ciudadanía comprenda la diferencia y el significado profundo de estas medidas para poder demandar con conocimiento de causa la justicia que le corresponde. Una sociedad informada es una sociedad más preparada para defender sus derechos y para exigir a sus gobernantes el respeto irrestricto de las leyes y los principios democráticos.

En última instancia, el camino hacia una justicia plena en Venezuela pasa por reconocer los errores del pasado, reparar los daños causados y establecer mecanismos sólidos para evitar que se repitan. La amnistía, concebida como un reconocimiento de inocencia y una herramienta para la restauración de derechos, es un paso fundamental en ese viaje. Invitamos a nuestros lectores a seguir profundizando en estos temas cruciales y a mantenerse informados a través de nuestro contenido, visitando otras noticias y análisis disponibles en RDN Digital.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la diferencia fundamental entre amnistía y perdón según las ONG?

Según las organizaciones de derechos humanos, la amnistía es un acto legislativo que reconoce la inocencia de las personas, borrando el delito como si nunca hubiera existido y restaurando sus derechos. Por el contrario, el perdón (o indulto) es una gracia que reduce o conmuta una pena, pero asume que la persona es culpable del delito.

¿Por qué las ONG insisten en que los presos políticos en Venezuela no necesitan un perdón?

Las ONG sostienen que los presos políticos son víctimas de detenciones arbitrarias y procesos judiciales irregulares, por lo que no han cometido delitos que justifiquen su encarcelamiento en un sistema de justicia justo. En consecuencia, no necesitan ser perdonados, sino que su inocencia debe ser reconocida y sus derechos restaurados a través de una amnistía.

¿Qué implica la propuesta de Ley de Amnistía General de la Plataforma Unitaria Democrática, más allá de la liberación?

La propuesta de la Plataforma Unitaria Democrática busca no solo la liberación de los detenidos, sino también la restitución completa de sus derechos civiles y políticos, la reparación integral de los daños sufridos (incluyendo compensaciones y rehabilitación), y el establecimiento de garantías para que este tipo de situaciones no se repitan, promoviendo reformas en el sistema judicial.

* Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial para producir texto similar al humano, y corregido por un periodista especializado de RDN Digital.

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