El Instituto de Políticas Migratorias (MPI) publicó un informe sobre la situación de los migrantes venezolanos en 15 países de América Latina y el Caribe. Según el estudio, entre el 50 y el 75 % de los más de seis millones de venezolanos que se han establecido en la región han obtenido algún tipo de permiso legal que les permite trabajar y acceder a servicios básicos.
No obstante, el informe señala que muchos de estos permisos son temporales y no ofrecen un camino hacia la residencia permanente, lo que genera precariedad e incertidumbre para los venezolanos. Además, algunos países han impuesto requisitos de visa que dificultan la entrada y la regularización de los migrantes.
El éxodo de venezolanos comenzó en 2016 por la crisis política y económica que vive el país. Según la ONU, más de 7,4 millones de venezolanos han salido de su país y alrededor de 6,4 millones se han quedado en países latinoamericanos.
Colombia es el principal país receptor, con unos 2,48 millones de venezolanos hasta diciembre de 2022. Le siguen Perú, con unos 1,49 millones; Ecuador, con alrededor de 502 mil; Chile, con unos 448 mil; y Brasil, con unos 261 mil.
El informe destaca el esfuerzo de los gobiernos de la región por brindar acceso a los recién llegados, pese a su falta de experiencia con la migración a gran escala. Colombia es resaltado como el país más ambicioso por otorgar un estatus de protección temporal a millones de migrantes venezolanos.
Sin embargo, el estudio advierte que las condiciones socioeconómicas inestables y desiguales en la región, agravadas por la inflación, la pandemia y el desempleo, pueden aumentar las necesidades humanitarias y crear nuevas olas de migración.
El informe recomienda mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades de empleo para los venezolanos, así como fortalecer la cooperación regional e internacional para responder a la crisis.
El informe también sugiere ampliar las vías legales para la migración regular, como las visas humanitarias o laborales, y facilitar el reconocimiento de las calificaciones profesionales y educativas de los venezolanos.
Asimismo, el informe propone promover la integración social y económica de los venezolanos en las comunidades de acogida, mediante programas de inclusión financiera, educación intercultural y participación cívica.
Finalmente, el informe resalta la importancia de apoyar una solución política duradera en Venezuela que permita el retorno voluntario y seguro de los desplazados.
Redacción de rdndigital.com
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